Desecha PJF impugnación de Sheinbaum y Calderón para evitar más muertes en el Metro
Redacción
Víctimas
de las líneas 3 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC)
obtuvieron la suspensión definitiva que obliga al Gobierno de la Ciudad
de México y a ese organismo a dar mantenimiento adecuado, optimo,
extraordinario y con estricta supervisión a las 12 líneas del Metro.
Al
mismo tiempo, lograron que la autoridad judicial federal desechará el
recurso de revocación de esta medida interpuesta por el gobierno de la
Ciudad México y el Metro, para evitar hechos que enluten a usuarios,
como los de mayo de 2021 en la Línea 12, y enero de 2023 en la Línea 3.
El
Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con sede en
la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, sostuvo que la
medida cautelar que implica seguir otorgando un mantenimiento y
supervisión adecuados, no afecta de ninguna forma el orden público o el
interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en
la sociedad.
Además,
consideró razonable y apegada a derecho “la concesión de la suspensión
definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables continúen
ejerciendo todas las facultades legales y acciones materiales,
necesarias para procurar el adecuado mantenimiento y operación de la red
del Metro, e incluso, mejorar las tareas normalmente realizadas”.
El
Poder Judicial de la Federación consideró que el propósito es ofrecer a
los usuarios un servicio de transporte “eficaz y seguro y tratar de
reducir en lo posible la existencia de factores que, junto con otros
ajenos al actuar de las autoridades, pudieran llegar a ser
configurativos de algún accidente o falla que merme el servicio o afecte
la integridad de los usuarios”.
En
consecuencia, el Juez consideró que el recurso de revocación de la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum es infundado, por lo que se otorga la
suspensión definitiva, para que el Gobierno Central y el Metro hagan
todo, incluida inversión, para que demuestren acciones de mantenimiento y
acciones de operación.
“En
el caso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su solicitud de
modificación o revocación a la suspensión definitiva… es infundado el
incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva”,
indica el acuerdo de la suspensión definitiva 63/2023.
La
suspensión otorgada no afecta el orden público o el interés social,
mismos que fueron elementos relevantes para conceder dicha suspensión.
El
jurista Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de las víctimas,
señaló que el órgano jurisdiccional sigue considerando razonable y
apegada a derecho la concesión de la suspensión definitiva, para el
efecto de las autoridades responsables, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y el director del Metro, Guillermo Calderón, actúen para
tener un adecuado servicio del STC.
“Incluso,
con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las
tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y
evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos,
más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”, señaló
Benítez Granados.
El
Juez sostuvo que la autoridad que solicitó dicha revocación lo
justificó con diversas acciones de supervisión, corrección, mejora y
mantenimiento realizadas al Metro, que se han llevado a cabo con
posterioridad a la resolución sobre la suspensión definitiva, sin
embargo, eso no modifica ni altera las causas, motivos y razones por las
cuales se concedió la suspensión definitiva.
En
el mismo criterio aplicó en el Ministerio Público Federal al señalar
que revocar la suspensión definitiva contravendría el artículo 28 de la
Ley de Amparo; es decir, se daría perjuicio al interés social e
implicaría privar a la colectividad de un beneficio concreto y
ocasionarle un daño que pondría en riesgo la integridad de las personas
usuarias de ese servicio.
El Metro moviliza diariamente 5.5 millones de personas por día, en sus 12 líneas.
